La
Procuraduría General de la República informa que este día, con el apoyo
de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, se dio
cumplimiento a una orden de Aprehensión librada por el Juez Octavo de
Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en contra
del Secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación en el Estado de Oaxaca.
El mandamiento judicial fue librado el día 14 de abril de 2016 contra
el Secretario General de la Sección XXII del SNTE y otras personas, al
encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable
responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del
Código Penal Federal.
La conducta imputada al referido líder sindical consiste en la
adquisición y/o administración de recursos económicos de procedencia
ilícita, y su posterior utilización por el ahora inculpado.
En la indagatoria realizada se acreditó que los recursos económicos
fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración
de convenios ilícitos.
La investigación permitió comprobar que, al amparo de diversos
convenios suscritos por la Sección XXII del Sindicato con algunas
empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o
por interpósitas personas, una comisión quincenal del 3.5%, calculado
sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o
servicios que proporcionaban a sus agremiados, a sus representados, a
los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos
o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando
la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de
Oaxaca.
El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que
hasta ahora se ha acreditado que fueron adquiridos y administrados por
el inculpado, asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de
los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período
comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los citados convenios.
En este esquema, de acuerdo con los resultados de la investigación,
las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la
organización gremial, los montos de la comisión ilegalmente pactada con
la Sección XXII (3.5%) y éstos a su vez distraían esos recursos,
mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para
financiar las movilizaciones magisteriales.
Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de
recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la
organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos
que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el
conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen,
propietarios y destino final de las mismas.
En suma, el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita,
adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de
adquisiciones y servicios erogados por sus propios agremiados, al amparo
de convenios ilícitos, en beneficio propio y para el uso de sus
actividades de movilización, utilizando las cuentas de la Sección XXII
del SNTE.
Es conveniente mencionar que la ley prohíbe que la Sección XXII
suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo
de dichos acuerdos, de conformidad con los artículos 378 de la Ley
Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o
profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.
Al respecto cabe destacar que los sindicatos gozan de un régimen
tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para
realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos
que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió.
La Procuraduría General de la República participará activamente ante
la autoridad judicial, conforme a sus atribuciones, para que se aplique
la ley a quienes han sido puestos a disposición de los tribunales por su
presunta responsabilidad en estos hechos.
Esa pertinente destacar que, respecto a los mismos hechos, hace
algunas semanas fue aprehendido el Secretario de Finanzas de la misma
organización sindical, a quien el 22 de abril de este año fue dictado el
auto de formal prisión respectivo por la autoridad Judicial competente.
Ambos, internados en centros federales de readaptación social, a
disposición del juez que instruye la causa penal.
Asimismo, la Procuraduría General de la República informa que
continúa investigando la posible obtención ilícita de más recursos por
los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132 millones de
pesos; así como la probable participación de otras personas en los
hechos referidos, además de la probable comisión de otros ilícitos.
En éste, como en todos los casos, la Procuraduría General de la
República continuará profundizando las investigaciones respectivas con
estricto apego a derecho, y en los mismos términos se procederá contra
quien se acredite su probable responsabilidad.
